source : https://journals.openedition.org/etudesromanes/5162

El aporte de la experiencia francesa, de su revolución liberal democrática, es el reconocimiento de la validez del sufragio universal como el procedimiento óptimo de la toma de decisiones


Carlos Luis Sánchez y Sánchez, « Ciudadanía, elecciones, sufragio y representación política », Cahiers d’études romanes, 32 | 2016, 117-128.


RÉSUMÉ

Cet article présente un parcours général des catégories de citoyenneté, des élections et de la représentation politique, ainsi que ses implications pour l’étude du suffrage. En partant de l’expérience historique française, notre article propose d’évoquer un bref parcours qui marque l’importance accordée à la démocratie représentative et à sa transformation pour comprendre aujourd’hui les contributions qui permettent d’étudier l’hétérogénéité de ce que nous appelons l’électorat.


 

TEXTE INTEGRAL

Con la Revolución Francesa, inicia un período que conduce a una nueva comprensión de la noción de ciudadanía; en la medida en que se concibe de manera distinta el papel del individuo común en la configuración de la voluntad política, la soberanía popular deberá entenderse ahora, no sólo como depositaria del poder político sino también o fundamentalmente como praxis política.

Lo anterior significa que el ejercicio de la ciudadanía implica la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones, desde un plano de igualdad política; es decir sin distinción alguna que señale una condición de privilegio a partir de la pertenencia a un grupo o clase social en especial, a una etnia, religión, una lengua etc.

La relación entre igualdad y ciudadanía no es menor, el hecho de participar políticamente significa que el principio: «una persona, un voto», no se encuentre vinculado a privilegios colectivos arraigados a la posición social o al nacimiento.

El sufragio como expresión de ciudadanía alude a un estatus de igualdad, el cual es consustancial a la necesidad de una homogenización de la sociedad, necesaria para la constitución de los Estados Nacionales. Esto fue un proceso transversal tanto en la Revolución Norteamericana como en la Revolución Francesa que deriva en la formación del Estado Nación como una unidad homogénea, constituida a partir de la decisión de una suma de individuos iguales entre sí.

El aporte fundamental de la Revolución Francesa es que la nueva noción de ciudadanía como sinónimo de igualdad, tiene un referente práctico: las opiniones y decisiones de todos los individuos, tienen un mismo peso en el momento de legitimar (o no), a través de la elección, al poder político. De esta forma, la ciudadanía puede entenderse y definirse no sólo como un estatus, sino también como una práctica política que tiene implicaciones agregativas y electivas con efectos socialmente vinculantes.

No obstante, esta implicación electiva y/o participativa que se adquiere por ser ciudadano, si bien se lleva a cabo bajo una condición de igualdad política y es ajena a una condición de privilegio; las decisiones resultantes son distantes del consenso o unanimidad, expresan intereses concretos, responden a intereses particulares; producto de la confluencia de una mayoría de individuos que logran coordinarse en torno a una misma visión de lo que consideran debe ser el «Bien Común».

El arribo del sufragio universal en Francia en 1848 implicó que la democracia sea desde entonces vista como un régimen que, al menos idealmente, debe procurar la igualdad. El aporte de la experiencia francesa, de su revolución liberal democrática, es el reconocimiento de la validez del sufragio universal como el procedimiento óptimo de la toma de decisiones. Con la Revolución Francesa se reconoce y rescata lo que Montesquieu señalaba acerca de la capacidad de los hombres para escoger quien debe gobernarlos. Una cuestión que se hizo patente en 1882 por la ley de instrucción obligatoria, que señala que un elector racional y consciente de sus responsabilidades, es capaz de elegir entre distintas alternativas, una racionalidad que dará lugar a la formación de mayorías.

Por otra parte, la idea de que la elección estuviera vinculada con la competencia por el poder, estaría aún muy lejos de contemplarse en el contexto de la ampliación del derecho al sufragio. Por el contrario, persiste la concepción original del autogobierno del pueblo, aquel postulado por Rousseau que señala que el problema a resolver es «encontrar una forma de asociación que defienda y proteja, utilizando una fuerza comunitaria, a las personas y los bienes de cada uno de los asociados, y a través de la cual cada uno, uniéndose con todos, obedezca sólo a sí mismo, de manera que siga siendo libre como antes». El sufragio universal, se pensaba, podía responder a dicha aspiración, pero entonces:

¿Cómo conciliar la diversidad de intereses que implícitamente tienen los individuos al reconocérseles expresamente capacidad de elección; con el ideal del sufragio como expresión de una sociedad homogénea? lo cual sólo es plausible siempre y cuando todos estén de acuerdo sobre el orden legal en el que todos quieren vivir?

En este tenor, la idea de la elección como mecanismo que posibilitaría la unanimidad, se enfrenta con la realidad práctica de la multiplicidad de intereses que debían ser conciliados; éste es el problema que tienen todas las sociedades democráticas: el conflicto de voluntades.

Pronto la extensión del sufragio debió verse como la condición necesaria no para llegar a la unanimidad en las decisiones por tomar, sino para conciliar una realidad de profundas divisiones sociales, económicas y políticas. Con la extensión del sufragio llegamos a la época de la consolidación de las instituciones representativas, como aquel sistema para llegar a decisiones colectivas que satisfagan la heterogeneidad social al tiempo que reflejen las preferencias individuales, sin distingo de diferencias sociales. En este sentido, paulatinamente se transitó a la aceptación de que los mecanismos electivos conllevan decisiones colectivas – no unánimes –, que sólo reflejan distribuciones de las preferencias individuales; de esta forma el ideal de autogobierno se alcanza cuando la elección colectiva es el resultado mayoritario de la suma de voluntades individuales.

Poco a poco, el foco de interés se fue trasladando a los procesos de formación de dichas preferencias, indagar acerca de los factores, variables o procesos que explican la decisión de votar, constituiría el eje de toda la investigación sobre comportamiento político electoral. El paso previo para que esto tomara forma, fue el hecho de que la nueva concepción de ciudadanía asumía que la extensión del sufragio conllevaría que las decisiones estuvieran alejadas de la tradición y la jerarquía, que el hecho de votar se vinculara con una comprensión racional del entorno.

Sin embargo esto no fue así, la realidad arrojó un ciudadano dotado de derechos políticos alejado, no interesado en la cosa pública. Esto mostraba que el estatus de ciudadano no necesariamente garantizaba un involucramiento o participación en los asuntos públicos. La brecha que existe entre el estatus y la práctica de la ciudadanía es amplio. No necesariamente todos o incluso «muchos» participan. Asumir que el estatus de ciudadano es garantía de participación, es producto más de una aproximación normativa hacia la democracia, como aquel espacio de máxima implicación de los ciudadanos en la definición de las leyes y las políticas. La realidad democrática dista mucho de un ciudadano siempre involucrado e interesado en deliberar constantemente sobre los problemas que enfrenta su país, su ciudad o incluso su comunidad.

La extensión del sufragio constituyó el triunfo de la elección y del gobierno representativo como aquel que posibilita tomar decisiones colectivas. No obstante, cabe señalar que extensión del sufragio no significó en su momento sufragio universal. El ejercicio del voto estaría todavía mucho tiempo vinculado al estatus de propietario o terrateniente; el plano de la igualdad política se centraba únicamente en la adjudicación de los derechos civiles, mientras que el movimiento a favor de la extensión del sufragio se vinculaba con el modelo del ciudadano propietario.

En palabras de Rosanvallon, el ciudadano propietario constituye, durante el siglo XVIII, el modelo positivo y la referencia casi natural en materia de derecho político. Pronto el referente de igualdad y por lo tanto de la universalización del sufragio girará en torno al concepto de propiedad, como condición para votar y ser votado. La cuestión sería cómo superar la idea de que la implicación social, depende o necesariamente esté vinculada a factores económicos.

Sin embargo, en el Siglo XVIII, que el estatus de propietario fuera una condición necesaria para votar y ser votado, constituye un avance que se opone, tal y como lo hemos enunciado anteriormente, al mundo de los privilegios del antiguo régimen. Mientras tanto es Sieyès el que puede ampliar la noción de propiedad, ya no será la tierra la que provee el arraigo y los derechos políticos, sino la fuerza de trabajo la fuente de riqueza y la que posibilitará en un futuro que participen un amplio sector de la población que no poseía nada, sino sólo su persona y precisamente su fuerza de trabajo. Sin un avance paulatino que ampliara la concepción de la propiedad, no se podría hablar de la competencia en un régimen electoral. Si bien no se puede anclar la participación política a ninguna propiedad específica vinculada a la heterogeneidad social, dicha heterogeneidad es la base moderna que merece ser representada.

De esta forma, la legitimidad democrática en un sentido moderno comienza a ser asociada al proceso electivo, vinculada directamente al sufragio. Por otra parte, producto del advenimiento paulatino de una sociedad plural, no propietaria, caracterizada por vivir en un amplio contexto de desigualdad social, se hace necesario encontrar un nuevo principio de justificación que fundamente la participación de nuevos grupos sociales que los lleve a mejores niveles de igualdad política, por lo que comienza una discusión en torno a ampliar el derecho al sufragio y el ámbito de la representación política.

Por lo que si el único factor para representar y ser representado, radicaba en la condición de propietario, el propio Stuart Mill resuelve el dilema extendiendo el concepto de propiedad a la capacidad que cada individuo tiene de obtener una remuneración en salario o en especie por el trabajo realizado; con ello la propiedad no queda reducida únicamente a márgenes exclusivamente ligados a la tierra o a la posesión amplia de capital. Con ello un nuevo concepto de la propiedad, deriva posteriormente en la ampliación del derecho al sufragio y en la consolidación de la elección como la institución fundamental de la democracia moderna.

Al consolidarse la elección como principio fundamental de legitimidad de toda democracia moderna tiene, la concepción individualista original de la democracia liberal – un hombre = un voto –, con la extensión del sufragio y el surgimiento de los partidos políticos nacionales, evoluciona hacia una dimensión donde la participación política electoral empezó a ser la lógica dominante.

El pluralismo no es sino la manera en que los distintos grupos y asociaciones encuentran respuesta a sus reivindicaciones y demandas, gozando de los mismos derechos como grupo que como si se tratase de individuos en lo particular, derechos referidos básicamente a la tolerancia, participación, y fundamentalmente a la representación. El pluralismo implica que los grupos competirán bajo circunstancias e igualdad de oportunidades, lo que los distingue son las facultades y recursos con los que cuentan al momento de la elección. Al respecto, David Apter nos dice:

La noción de competencia entre individuos se ve remplazada (bajo el pluralismo) por una red de competencia, influencia, responsabilidad e información organizativa en la que los grupos pueden organizarse y, mediante el ejercicio de derechos, conseguir que sus intereses afecten a los resultados de las políticas.

La articulación y desarrollo del pluralismo es uno de los basamentos principales en los que descansa la democracia representativa moderna. Es la característica principal que identifica la organización moderna de la sociedad, que sin desechar la esfera individual, alimenta la dinámica propia de los partidos políticos y reivindica sobre todo la libertad de acción frente al Estado. El pluralismo conlleva que el funcionamiento de la democracia moderna se base en una amplia distribución del poder; múltiples centros de poder surgen, se organizan colectivamente y de forma independiente frente al Estado. De esta manera, las instituciones políticas de la democracia moderna deben responder a la dinámica propia del pluralismo debido a que:

En un sistema de elecciones libres, abierto a todos los ciudadanos, que provea una competencia real entre los candidatos rivales y que refleje razonablemente la disposición del electorado, es instrumentalmente necesario para una democracia liberal. En su nivel más básico, la democracia liberal debe incluir un cierto poder real para la selección periódica y quizás el rechazo de los que formulan y administran la política. Cuando se da una intensa competición entre las élites que querrían gobernar, las gentes pueden tener un impresionante poder decisivo.

La praxis del pluralismo se articula mediante un proceso de institucionalización del conjunto de libertades civiles, políticas y económicas enarboladas por el liberalismo. La salvaguarda de las mismas se da en la medida en que la existencia de los grupos representa la diversidad de opiniones, la facultad de asociación libre, la coexistencia en la tolerancia entre los mismos etc.

La posibilidad de expresar el disenso sin represalias o cortapisas, pero también sin que esto implique alterar el orden normativo vigente, implica la aceptación de las reglas de juego, es decir del conjunto de normas que regulan una sociedad democrática. La existencia del pluralismo le otorga su verdadera identidad a la democracia moderna representativa; las dos categorías se corresponden como factores de contención del poder «contra el poder desde lo alto, en nombre del poder desde abajo (democracia); contra el poder concentrado, en nombre del poder distribuido (pluralismo)».

De esta manera, la consecución del poder bajo una sociedad plural, requiere que la democracia sea vista como sinónimo de competición y como un sistema de votación esencialmente regulado bajo un sistema de elecciones libres, las cuales «son algo más que un simple prerrequisito de la democracia, son la democracia, de tal forma que los regímenes autoritarios puede decirse que se democratizan cuando introducen elecciones multipartidistas».

Esto nos conduce a una definición de democracia que responde a la necesidad de describir y prescribir el funcionamiento de la moderna democracia liberal o democracia representativa. Es Joseph A. Schumpeter el que le otorga centralidad al funcionamiento del proceso democrático en el contexto de una sociedad plural definiendo a la democracia como «aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo».

A simple vista la definición mínima de democracia de este autor, establece que la competencia directa por el poder es entre élites calificadas, y aunque se afirma que la debilidad de esta concepción es que constriñe al ciudadano común a una participación limitada en las acciones del gobierno, es realista en el hecho de que en esta concepción, sólo los faculta para elegir entre opciones (élites), distintas. La definición de Schumpeter coloca al proceso electoral, a la elección, como la institución principal de la democracia moderna. La elección mediante el voto sirve para regular la competencia y el acceso al poder de las llamadas élites calificadas:

Las elecciones, en consecuencia, al determinar vencedores y vencidos, también infunden confianza en el significado de la participación popular. Las elecciones y las campañas asociadas confirman la creencia de que los votantes son importantes y de que sus decisiones marcan las diferencias. El simple hecho de que haya elecciones a intervalos más o menos regulares, realizadas bajo reglas y procedimientos que, generalmente, se reconoce que son limpias y abiertas, es de una importancia psicológica enorme en una democracia liberal. Las elecciones, en consecuencia, tienen una función social vital al hacer consciente a la población de sus elementos ideológicos unificadores, y al fortalecer la legitimidad de sus instituciones y procedimientos.

Por otra parte, ¿cuáles son los factores que inciden en el proceso político que caracteriza a la democracia representativa? Si bien la intención de este apartado fue identificar el armazón institucional necesario para dicha democracia, también lo será más adelante discernir en torno a los factores que caracterizan y explican la decisión del votante en el momento de la elección. De esta forma, para concluir este apartado podemos afirmar en coincidencia con William Riker que:

El ideal democrático de justicia es una sociedad en la cual ciudadanos iguales y libres pueden intentar controlar su entorno y su futuro, y así realizar el ideal moral final de la dignidad humana. El instrumento de este tipo de justicia es la participación popular por medio del voto, organizado a través de partidos políticos. La libertad de los ciudadanos de organizarse en partidos se protege por medio de la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libre vida económica, y su capacidad para organizarse se garantiza por la igualdad ante las urnas. El instrumento democrático y el ideal democrático son, en consecuencia, la participación libre, igualitaria, vista como medio y como fin.

En este sentido, si algo devela la moderna agenda de investigación sobre el comportamiento político electoral es la tensión que existe en una ciudadanía que conceptualmente se fundamenta como categoría ajena a privilegios particularistas, pero se expresa en la arena electoral en función de los intereses, preferencias y expectativas que los individuos tienen.

La experiencia francesa del Siglo XVIII y XIX nos ha legado que el sufragio universal afirma la igualdad entre los hombres en un plano político – constitucional, su estudio empírico implica desentrañar a la sociedad de iguales; encontrar sus diferencias sociales, ideológicas, partidarias, sus distintas concepciones de moralidad, religiosas, incluso sexuales.

La importancia de estudiar el comportamiento político de una sociedad, su evolución, su estabilidad y vaivenes, estriba en que éste expresa los múltiples cambios que experimentan los regímenes políticos en sus sistemas de partidos y en la regulación de sus procesos electorales. Estos cambios tienen un efecto en la participación y el comportamiento político de la gente, lo cual incide en las instituciones representativas.

Asimismo el estudio del componente individual de la política adquiere relevancia en el momento en que los procesos de transición y/o democratización propician el surgimiento de fenómenos sociales y políticos que implican gran volatilidad electoral, fenómenos como: la efervescencia de los nacionalismos y las identidades locales; la existencia de un declive en los clivajes sociales tradicionales; cuando las campañas políticas adquieren una naturaleza completamente mediática; las identidades partidistas se consolidan, surgen o se debilitan; cuando el desempeño económico de los gobiernos se convierte en factor de permanencia o no de los mismos etc.


Conclusión

No obstante el aporte está ahí, la inclusión social y el principio de igualdad política han sido el basamento, estipulados desde 1789, para lo que se ha llamado una democracia de integración. El problema radica tanto en Francia como en México y Latinoamérica en dar el paso hacia una democracia gobernante.

La historia política francesa es clave para entender hoy la naturaleza de las instituciones representativas y es que a diferencia, por ejemplo, de la experiencia inglesa, el debate sobre el derecho al voto no giró exclusivamente en torno a la propiedad como garante y fundamento de su ejercicio, la aportación principal, creo yo, estriba en que el Sufragio Universal descansa en el anonimato, en la negación política de las diferencias sociales: una igualdad política formal expresada en la oportunidad de influir en los resultados y por supuesto en una igualdad ante la ley.

El problema radica en que la igualdad política no quiere decir igualdad económica, en este sentido lo que nos devela los estudios actuales sobre el comportamiento político es que detrás de la igualdad política, existen exigencias particularistas, identidades partidistas que se quieren hacer escuchar, que se forman a la luz de espectros ideológicos muchas veces, en su esencia, excluyentes, en expectativas económicas basadas más en un egoísmo personal que en un afán colectivo o comunitario.

La reflexión es amplia pero como investigador en materia de comportamiento electoral considero que es necesario rescatar con mayor énfasis la historia política de Francia para entender la tensión dilemática que representa el acto de votar, que no es otra que la tensión entre ciudadanía – entendida como igualdad política – que posibilita sufragar y el pluralismo si aceptamos que éste necesariamente contiene o expresa una desigualdad social si partimos de la incidencia diferenciada que siempre tendrán grupos, facciones, clientelas etc.

Carlos Luis Sánchez y Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México / CH-IIS, Mexique.

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